En un nuevo capítulo del podcast «Oír para Creer», entrevistamos a Lucha Venegas, académica, activista, defensora de los derechos humanos y sobreviviente del Sename, con quien conversamos sobre la persistente crisis y la sistemática violación de los derechos de la niñez bajo la tutela del Estado chileno, esto a pesar de los cambios institucionales y legales que se han realizado durante los últimos años.

Lucha Venegas, quien creció en el Sename, se identifica como «sobreviviente» debido a lo que describe como un «genocidio por goteo» en estas instituciones, tanto en dictadura como en democracia. Durante la entrevista Lucha nos revela que su propia hermana fue robada en una red de tráfico de bebés durante su paso por el Sename, y que prefirió escapar y vivir en la calle antes que pasar un día más institucionalizada.

De hogares de menores a Mejor Niñez

El cuidado de las infancias por parte del Estado de Chile comenzó en los años sesenta con los Hogares de Menores de Carabineros, luego en los años setenta estos «hogares» pasaron a ser la Fundación Niño y Patria dependiente del CONAME (Consejo Nacional de Menores) que terminó a fines de esa década. En los ochenta se creó el Servicio Nacional de Menores (SENAME), institución que el pasado 12 de enero cesó su funcionamiento luego de 46 años tras múltiples crisis y críticas por vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy existe el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia un nuevo organismo a cargo de la protección de menores y de reinserción social para jóvenes creado en 2021.

Para Lucha Venegas todos estos cambios de nombre y evolución del cuidado de las niñeces y adolescencias son solo modificaciones cosméticas: «A pesar de la suscripción de Chile a la Convención de los Derechos de la Niñez (1995) y la creación de tribunales de familia, los tribunales de menores, o la Ley de Garantías de la Niñez (2022), la política y el abordaje de la niñez bajo custodia estatal han sufrido solo cambios nominativos, cosméticos, sin alterar el sistema de maltrato», afirma.

Lucha también destaca el informe emitido por las Naciones Unidas en el año 2018, donde se señala que Chile viola de manera sistemática los derechos humanos de la niñez bajo su tutela. A pesar de esto, según Lucha, esta situación no se ha modificado, sino que, por el contrario, el nivel de maltrato de la niñez en manos del estado ha ido en aumento.

¿Por qué el Estado chileno no avanza en este tema de forma real? ¿Es falta de voluntad, de presupuesto o de políticas públicas adecuadas?

«En Chile tuvieron que pasar 25 años o más incluso para que recién se discutiera sobre la Ley de Garantías de la Niñez. El 2022 se aprueba finalmente, pero en la actualidad no avanza mucho. Se crean leyes, se crean cosas, nombres rimbombantes, pero finalmente la situación sigue siendo igual o peor incluso. La niñez en manos del Estado, la niñez empobrecida y la niñez en general no vota; no es, por tanto, un poder que mueva a los partidos políticos y, por lo mismo, a quienes toman decisiones. No se considera tampoco sus voces, ni su participación, ni en la elaboración de leyes, de normativas, de políticas públicas, nada. Por otro lado, tenemos otro elemento que se relaciona con la política neoliberal que instaló la dictadura de derecha desde el año 73 en adelante, que es hacer negocio con todo, y por tanto la niñez empobrecida en manos del Estado es parte de un negocio».

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Para Lucha, el Estado de Chile ha criminalizado a la niñez más empobrecida históricamente. Es cosa de ver la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que bajó la edad penal a los 14 años, y actualmente se discute bajarla a 12, usando a los niños, niñas y adolescentes como «chivos expiatorios» en problemas de seguridad pública, en lugar de combatir el crimen organizado. Para Venegas, este tipo de propuestas es cortar el hilo por lo más delgado.

«La niñez que sufre en manos del crimen organizado, son víctimas, son soldados que utilizan justamente para delinquir, pero no son los responsables de aquello. Y por eso no es casual que la primera ley a principios de milenio, para abordar la niñez empobrecida o precarizada, haya sido criminalizarla a través de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, bajando la edad de los 16 a los 14 años. Hoy día tenemos otra vez esta discusión a propósito de los problemas de seguridad pública, donde las propuestas que se hacen por parte de los partidos políticos es volver a bajar la edad de responsabilidad penal para enviar a la cárcel ahora desde los 12 años. Sin embargo, eso es estar cortando el hilo por lo más delgado».

Explotación sexual infantil en alza

Es importante destacar que a pesar de que los ataques sexuales son el tercer delito en alza y afectan mayoritariamente a niñas, niños y adolescentes (casi 80% de las denuncias), este problema no se aborda ni desde la seguridad pública ni desde las políticas de derechos. Sobre esto Lucha es enfática «Lo que nos dicen los informes, lo que nos dice el Ministerio Público, es que los propios organismos de protección de derechos son fuentes de entrega de la niñez y de la adolescencia a redes de explotación sexual infantil. Entonces tenemos todo un engranaje de una arquitectura violenta que está muy naturalizada. Y solamente año a año lo que hacemos es decir aumentaron las violaciones, aumentaron las vulneraciones de derecho. No obstante, solamente con decir que aumentaron, no resolvemos tampoco ese problema», manifiesta.

Desafíos para el futuro

Durante 2024, se creó la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Compromiso de No Repetición, con el objetivo de esclarecer las violaciones a los derechos humanos sufridas por menores bajo custodia estatal y en sistemas privados entre los años 1979 y 2021. Esta es una comisión que las organizaciones de sobrevivientes del SENAME han insistido en que exista, para poder acceder a algo de justicia. A pesar de ello, Lucha nos aclara que no basta con que el Estado reconozca las violaciones a los derechos humanos de las niñeces y adolescencias, sino que es importante que exista una voluntad política real.

«Es algo que hay que hacer, no resuelve el problema y por lo mismo la voluntad política va a ser crucial. No obstante, no está la voluntad política, incluso en el actual gobierno, con quienes trabajamos todos estos años para justamente llevar a cabo las mejoras a las políticas públicas en estas materias, sin embargo, fuimos escuchadas, pero no consideradas» comenta.

A pesar de ello, Lucha insiste en continuar trabajando para construir un futuro donde la dignidad y los derechos de la niñez sean una realidad efectiva y no solo declaraciones en papel. Por ejemplo, avanzar con una educación sexual y afectiva integral que logre implementarse para que niñas, niños y jóvenes puedan identificar y detener abusos: «Hay que mantener la movilización y el trabajo colectivo ante todo».

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