El pasado 11 de marzo José Antonio Kast asumió como presidente de la República. Como uno de sus primeros actos públicos, visitó el liceo Augusto D’Halmar. Mientras que el oficialismo vio el evento de manera optimista, un sector de los estudiantes de la institución sufrió una inesperada represión de sus derechos.

                                                                  Por Santiago Bustamante

Días previos, la dirección del colegio llamó a los alumnos a no realizar movilizaciones de cualquier tipo, bajo amenaza de posibles sanciones por parte del establecimiento. Los estudiantes mostraron su descontento al exterior del liceo en una manifestación pacífica. Aun así, carabineros llegó para reprimir la protesta, culminando con el arresto de una persona menor de edad.

Contexto de las manifestaciones: Abusos antes y después

Como primer acto tras su investidura, Kast realizó esta visita acompañado de autoridades como la ministra de educación, María Paz Arzola, y Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, comuna donde está Augusto D’Halmar. Parte del estudiantado había expresado su negativa ante la politización de su establecimiento. Ante esto, los estudiantes del centro de alumnos dijeron haber sido coartados y amenazados con suspensión de matrícula por parte de la dirección el día anterior.

Afueras del liceo, sitio donde se realizaron las manifestaciones

Como el Presidente llegó más de una hora tarde, el liceo extendió el horario, por lo que a los estudiantes se les forzó a esperar, ofreciendo premios a quienes se quedaran. Según Vanesa Hermosilla, directora ejecutiva de Emprender con Alas, ONG dedicada a la protección de la niñez y que estuvo presente en el evento, no se les proveyó de hidratación en un día que superó los 30°.

A las afueras del establecimiento, un grupo de 38 a 40 estudiantes se manifestó de forma pacífica, alzando letreros y entonando cánticos. Ante esto, llegó carabineros, tanto a pie como motorizados. Una adolescente de 17 años se percató que uno de ellos les estaba grabando el rostro con un teléfono celular, a pesar de llevar una cámara GoPro en su casco. Cuando ella le recrimina este acto, es llevada al interior del recinto junto a otras 2 estudiantes, donde fue retenida por 10 minutos para ser luego detenida, incluso después de haberse identificado.

La directora ejecutiva de la ONG destacó en conversaciones con Radio JGM las medidas desproporcionadas por parte de carabineros: “Ella medía 1,58 m y el oficial como 1,80 m ¿Se necesitaba que fuera esposada y trasladada a la vista de todo el mundo, llevada como una delincuente?”. “La estudiante se sintió intimidada y agredida, amenazada por el cabo que la detuvo”, agregó la directora.

¿Qué derechos se vulneran en estos casos?

Patricio Véjar, presidente de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), explicó a Radio JGM cuáles son las transgresiones a los derechos que se dieron en este caso: “Copar los espacios para impedir manifestarse es un abuso recurrente de la fuerza policial, igual que el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias e ilegales”.

En este caso en particular también se vulneró la privacidad de la adolescente, pues la constatación de lesiones fue realizada por personal masculino, ignorando el protocolo aun cuando había una carabinera presente.

A esto se suma la existencia de El Programa de 24 Horas de Carabineros de Chile, que toma los datos de niños, niñas y adolescentes, los envía a la municipalidad correspondiente a su dirección para que se active el programa LAZOS de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quienes asisten a los hogares de los niños para prevenir actitudes delictivas, que se incorporen al programa y que se pueda hacer un diagnóstico, además de generar un acompañamiento a padres y madres o una intervención especializada.

Esto choca con la ley 21.430, que no permite que los datos de los niños sean registrados sin previa autorización de los padres. Al respecto, Hermosilla puntualizó: “(dichos programas) no tienen marco legal al no estar explicitados en la norma del Ministerio del Interior. El cómo funciona, qué es lo que hace, a quién se le pide la autorización para registrar al niño. El carabinero registra un dato y lo mueve al interior del Estado sin conocimiento de la familia, vulnerando su soberanía biográfica”.

¿Qué derechos se tienen al manifestar?

Los estudiantes tienen derecho a la educación, a la participación, igualdad ante la ley, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, además del derecho a manifestarse. La educación cívica es importante, señaló Vanessa Hermosilla y agregó que: «(el pensamiento crítico) no es algo que tú puedas bloquear, sesgar o no permitir”.

El mensaje detrás del liceo

La razón de que se escogiera al liceo Augusto D’Halmar como la primera visita presidencial, es debido a su liderazgo en la PAES 2026, siendo el único establecimiento municipal entre los 100 mejores del país.

Esto en el contexto de que Sichel se opuso al traspaso del establecimiento al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) La Quebrada. Estas instituciones públicas reemplazan a los municipios como sostenedores de jardines, escuelas y liceos, centralizando la administración con un enfoque territorial.

El mensaje que se quiere dar con esta visita es uno de rechazo a las transiciones a SLEP. Kast usa a Augusto D’Halmar como ejemplo de la calidad de la educación municipal, a pesar de que es el único liceo así en estar entre los 100 mejores.

El precedente que marca

El oficialismo no hizo mención a la detención de la adolescente ni a las irregularidades cometidas, solo se enfocó en transmitir un mensaje de minimización de las instituciones SLEP. Patricio Véjar, comentó sobre lo que implica que no se le hable más de eventos como este al público general: “Al igual que la denegación de justicia al no procesar a los agentes del Estado que cometen delitos durante el control del orden público, la ausencia de estos hechos en los medios de comunicación estimula la repetición de la conducta criminal que la sustenta, debilitando la cohesión social y la credibilidad democrática”.